El Proyecto de la Cámara 816 obligaría al patrono o patrona a notificar estas cesantías con más tiempo del que establece el ordenamiento jurídico federal
La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes atendió este jueves una medida que busca requerir una notificación con al menos 90 días de anticipación a empresas con 50 o más empleados y empleadas que planifiquen un cierre de local o despido masivo.
El Proyecto de la Cámara 816 (P.C. 816) – radicado por José Bernardo Márquez Reyes y Jessie Cortés Ramos – persigue crear la “Ley de Aviso Legal al Empleado de una Reestructuración para la Transición y Adaptación (ALERTA)”, con el fin de brindar más protecciones a las y los trabajadores en Puerto Rico ya cubiertos a nivel federal bajo la Ley de Notificación de Ajustes y Reentrenamiento del Trabajador (WARN, en inglés).
“Creo que es un proyecto loable. Es sumamente importante por los cambios que estamos teniendo en nuestro desarrollo económico y en los momentos históricos que estamos viviendo como país, así que de esta unión de voluntades podemos sacar un buen proyecto para ser justos tanto con las empresas como con los empleados de cada una de ellas en el momento de las cesantías”, expresó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García.
La medida establece que, bajo la Ley ALERTA, las y los patronos deben cumplir con la notificación de cierre o despidos masivos cuando se vayan a afectar 25 o más empleados y empleadas. Actualmente, la ley federal requiere esta notificación con el estándar de 60 días de anticipación en empresas con 100 o más empleados y empleadas, cuando se afecten 50 o más.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) rechazó la aprobación de la medida tras indicar que la mayoría de los comercios y empresas que cierran en Puerto Rico notifican dicha clausura con antelación y actúan conforme a la Ley WARN, inclusive en los casos que no sea requerido.
Según la agencia, entre el 2019 y 2021, la agencia advino en conocimiento del cierre de 61 locales, negocios o empresas, de los cuales 37 (o un 61%) fueron notificados. Del total de cierres, 38 de ellos fueron de empresas con 50 o más empleados y empleadas, y 27 (o un 71%) fueron notificados con antelación.
La directora del Programa de Desarrollo Laboral (PDL), Jenny Mar Cañón, señaló la preocupación por parte del DDEC sobre una notificación de cierre prematura en aquellas empresas que aún auscultan alternativas para mantener las operaciones. Particularmente, destacó que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) deben ser excluidas de esta notificación, pues son más vulnerables a pérdidas económicas y otras situaciones que podrían provocar un cierre comercial.
Un patrono o patrona que omita dar la notificación dentro del término requerido enfrentará una sanción administrativa máxima de $500 por cada día de la violación. Las empresas podrán enfrentar, por otra parte, una multa de hasta $2,000 por cada empleada y empleado afectado en un cierre o despido que no haya sido notificado por escrito con 30 días de anticipación al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), según otra propuesta legislativa contenida en el Proyecto de la Cámara 148 (P.C. 148).
Esta segunda medida – también discutida en la Comisión de Asuntas Laborales – ordena esta notificación al DDEC, así como a las y los trabajadores potencialmente afectados. Sin embargo, el DDEC consideró que ambas multas son “onerosas”, y en su lugar sugirió que se ordene al patrono o patrona acceder a las ayudas de respuesta rápida que ofrece gratuitamente la Unidad Estatal para Trabajadores Desplazados y Patronos, adscrita al PDL.
Entre las ayudas que brinda la Unidad, mediante el uso de fondos federales, se encuentran charlas informativas, apoyo psicológico, ferias de reclutamiento, asistencia en la búsqueda de empleo, y otras.
“La intención de este proyecto debería ser quizás obligar al patrono a que utilice los servicios de respuesta rápida, que no le cuesta nada. Pero imponer una multa porque ese pequeño o mediano comerciante quizás hasta último momento estuvo luchando (para mantener el funcionamiento del negocio), y no pudo, creo que es un poco oneroso”, puntualizó Cañón.
Ambos proyectos, fueron endosados por figuras académicas como los profesores Charles Zeno Santiago y Jorge Farinacci Fernós, quienes pertenecen a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
